Ante la negativa de diversos congresos estatales a aprobar el matrimonio igualitario, entre ellos el de Puebla, el diputado federal del Partido Encuentro Social (PES), Edgar Guzmán Valdéz, insistió en exhortar a las legislaturas locales a que eliminen toda prohibición discriminatoria basada en la orientación sexual o identidad de género.
Domingo, Noviembre 10, 2019
El legislador por Tepeaca puntualizó que de las 32 entidades sólo nueve prevén la figura del matrimonio igualitario, dos tienen sentencia de la Suprema Corte que les obliga a modificar sus leyes; otra permite la unión homoparental, pero conservando rasgos de discriminación, y las 20 restantes siguen señalando que el matrimonio es exclusivo para uniones entre hombres y mujeres.
A través de un exhorto que analiza la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara Baja federal, el congresista poblano señaló que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la finalidad del matrimonio no es la procreación ni debe enunciarse como una exclusividad entre un hombre y una mujer: “de aceptarse dicho supuesto se está frente a una discriminación basada por la orientación sexual de la persona”.
Guzmán Valdez mencionó que a pesar de este precedente en el sistema jurídico vigente, la realidad es compleja, ya que la única forma de que se aplique será cuando los gobernados promuevan sus respectivos juicios de garantías.
La aplicación del precedente necesita forzosamente de la activación de la protección constitucional en el ámbito jurisdiccional, esto es, “a través de la promoción de mecanismos de control constitucional como el amparo, y esperar extensos procesos judiciales para obtener una sentencia que proteja derechos humanos”.
Recordó que el principal precedente del reconocimiento del matrimonio igualitario ocurrió en la Ciudad de México, cuando se aprobó en 2006 la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal, donde se reguló una figura jurídica equiparada a la unión de ayuda mutua entre dos personas, y fue precursora del matrimonio igualitario.
Tres años después, en 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal avaló las reformas a sus códigos Civil y de Procedimientos Civiles, con lo que inició la implantación del matrimonio igualitario, por lo cual fue definido como un contrato civil y se empezó a concebir como “la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”, con lo que se eliminó por primera vez en la historia del país el concepto de la unión entre un hombre y una mujer como cimiento del matrimonio.
El diputado resaltó que la vía para garantizar la protección más amplia de sus derechos a los gobernados sin menoscabar su dignidad humana, y evitar tortuosos procesos judiciales, es que los congresos de las entidades armonicen su legislación interna y eliminen en sus códigos civiles que la finalidad del matrimonio es la procreación, y modifiquen el concepto de dicha institución jurídica, para que se deje de definir como una exclusividad que privilegia uniones entre hombres y mujeres.
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