Azucena Jazmín Márquez, las cuentas pendientes
Intolerancia Diario / ALFONSO PONCE DE LEÓN
2015 0824 | Si en este momento alguien hiciera un balance sobre la administración de Facundo Rosas Rosas, cuando estuvo al frente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSP), no se podría precisar cuál de su “cerrado” equipo de colaboradores le hizo más daño a Puebla.
Figuran los que dirigieron y ejecutaron un desalo tan violento, en San Bernardino Chalchihualpan, que dejaron un saldo de un estudiante de 13 años muerto, además de nueve heridos graves, todos ellos por disparos de proyectiles de gas, además de la andanada de detenciones, allanamientos y amenazas que se dieron desde la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Luego figuran Marco Antonio Estrada, “el teniente”, además de Tomas Méndez Lozano, quienes en su calidad de director de la Policía Estatal Preventiva y el Grupo de Operaciones Especiales protegieron el millonario robo en ductos de Pemex, y ambos son los únicos detenidos de un escandaloso caso de corrupción en los mandos policiacos y en la misma SSP.
Figuran en esta “lista negra” Azucena Jázmin Márquez, quien desde la direcciones de Centros de Reinserción protegió y se beneficio del negocio de la prostitución dentro del Cereso de San Miguel, donde sus colaboradores más cercanos se aprovecharon de la desgracia de varias mujeres, presas por delitos diversos, para obligarlas a rentar su cuerpo a internos de ese mismo centro penitenciario.
Servidores públicos bajo las órdenes o el cuidado de la licenciada Jazmín, que violaron a varias de las internas en ese penal, las obligaron a consumir drogas y las mantenían bajo amenazas.
Azucena Jazmín Márquez ya fue cesada del Cereso, como consecuencia de todos esos excesos que fueron tolerados por su patrón Facundo Rosas, que cada día se aleja de ser llamado a cuentas.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) debe tener en sus archivos al menos tres denuncias o éstas deben de estas acumuladas, por internas del Penal de San Miguel que acusaron a Márquez Rodríguez y a toda la plana mayor del Cereso de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, además de casos de violación.
El señor procurador debe de estar enterado que doña Azucena ya perdió sus “privilegios” como funcionaria de esta administración de gobierno, entonces no se extrañe el lector que esta mujer sea también llamada a cuentas, que responda por las denuncias que hay en su contra.
A fin de cuentas la exfuncionaria se benefició corrompiendo penales a su antojo, es justo que pague “lo que se comió”.
¿Y Facundo cuándo?
Este gobierno de Puebla no tiene memoria o no quiere tenerla.
Facundo Rosas Rosas simplemente fue cesado de su cargo de secretario de Seguridad Pública y sin más se fue, con todas sus maletas de dinero.
Don Facundo fue implicado en ser uno de los beneficiados con el robo a hidrocarburos.
El ahora exfuncionario desde un café cercano a su casa recibía “su parte” del dinero que cobraba su director de la Policía Estatal a las mafias que roban en los ductos de Pemex.
Algo así como cien mil pesos a la semana.
¿Usted cree que no recibió su “mochada” de los negocios sucios en los Centros de Reinserción, porque sólo se ha hablado de casos de prostitución, pero falta lo de las drogas que ingresan a los penales, del pago de los privilegios, de la venta de protección a los integrantes del crimen organizado que esta presos, de las tiendas,
Estará usted de acuerdo que si hay un responsable de todos los casos de corrupción que detonaron en la SSP es Facundo Rosas y como consecuencia debe ser llamado a cuentas.
El orquestó el desalojo en San Bernardino, el trajo a Estrada a la Policía Estatal, el trajo a Azucena y trajo a muchos otros que no tardan en ser desemascarados.
Facundo es “la mano que mece la cuna”.
Nos vemos cuando nos veamos.
Otra estafa desde el Cereso de San Miguel
Intolerancia Diario / ALFONSO PONCE DE LEÓN
2015 0824 | Si en este momento alguien hiciera un balance sobre la administración de Facundo Rosas Rosas, cuando estuvo al frente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSP), no se podría precisar cuál de su “cerrado” equipo de colaboradores le hizo más daño a Puebla.
Figuran los que dirigieron y ejecutaron un desalo tan violento, en San Bernardino Chalchihualpan, que dejaron un saldo de un estudiante de 13 años muerto, además de nueve heridos graves, todos ellos por disparos de proyectiles de gas, además de la andanada de detenciones, allanamientos y amenazas que se dieron desde la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Luego figuran Marco Antonio Estrada, “el teniente”, además de Tomas Méndez Lozano, quienes en su calidad de director de la Policía Estatal Preventiva y el Grupo de Operaciones Especiales protegieron el millonario robo en ductos de Pemex, y ambos son los únicos detenidos de un escandaloso caso de corrupción en los mandos policiacos y en la misma SSP.
Figuran en esta “lista negra” Azucena Jázmin Márquez, quien desde la direcciones de Centros de Reinserción protegió y se beneficio del negocio de la prostitución dentro del Cereso de San Miguel, donde sus colaboradores más cercanos se aprovecharon de la desgracia de varias mujeres, presas por delitos diversos, para obligarlas a rentar su cuerpo a internos de ese mismo centro penitenciario.
Servidores públicos bajo las órdenes o el cuidado de la licenciada Jazmín, que violaron a varias de las internas en ese penal, las obligaron a consumir drogas y las mantenían bajo amenazas.
Azucena Jazmín Márquez ya fue cesada del Cereso, como consecuencia de todos esos excesos que fueron tolerados por su patrón Facundo Rosas, que cada día se aleja de ser llamado a cuentas.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) debe tener en sus archivos al menos tres denuncias o éstas deben de estas acumuladas, por internas del Penal de San Miguel que acusaron a Márquez Rodríguez y a toda la plana mayor del Cereso de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, además de casos de violación.
El señor procurador debe de estar enterado que doña Azucena ya perdió sus “privilegios” como funcionaria de esta administración de gobierno, entonces no se extrañe el lector que esta mujer sea también llamada a cuentas, que responda por las denuncias que hay en su contra.
A fin de cuentas la exfuncionaria se benefició corrompiendo penales a su antojo, es justo que pague “lo que se comió”.
¿Y Facundo cuándo?
Este gobierno de Puebla no tiene memoria o no quiere tenerla.
Facundo Rosas Rosas simplemente fue cesado de su cargo de secretario de Seguridad Pública y sin más se fue, con todas sus maletas de dinero.
Don Facundo fue implicado en ser uno de los beneficiados con el robo a hidrocarburos.
El ahora exfuncionario desde un café cercano a su casa recibía “su parte” del dinero que cobraba su director de la Policía Estatal a las mafias que roban en los ductos de Pemex.
Algo así como cien mil pesos a la semana.
¿Usted cree que no recibió su “mochada” de los negocios sucios en los Centros de Reinserción, porque sólo se ha hablado de casos de prostitución, pero falta lo de las drogas que ingresan a los penales, del pago de los privilegios, de la venta de protección a los integrantes del crimen organizado que esta presos, de las tiendas,
Estará usted de acuerdo que si hay un responsable de todos los casos de corrupción que detonaron en la SSP es Facundo Rosas y como consecuencia debe ser llamado a cuentas.
El orquestó el desalojo en San Bernardino, el trajo a Estrada a la Policía Estatal, el trajo a Azucena y trajo a muchos otros que no tardan en ser desemascarados.
Facundo es “la mano que mece la cuna”.
Nos vemos cuando nos veamos.
Otra estafa desde el Cereso de San Miguel
Intolerancia Diario / ALFONSO PONCE DE LEÓN
Usted debe recordar a Moisés Torres López, médico internista acusado de asesinar a su esposa, Olga Nayeli Sosa Romero, quien tenía 37 años de edad, a quien descuartizó y después sepultó en un predio del municipio de Huaquechula, por lo que desde junio del 2014 se encuentra internado en el Cereso de San Miguel.
Moisés Torres aún no ha sido sentenciado y sigue sosteniendo que es inocente.
En Cereso de San Miguel, Moisés conoció a Carlos Alexio Solares Rivera, fue acusado por un fraude de 7 millones de pesos en agravio de una constructora, y a decir de la carta enviada a esta columna, vive con todos los lujos que se puede pagar a los directivos de este centro penitenciario.
Está hacinado en el dormitorio P, y cuenta con sirvientes —presos de este mismo centro—, además de que tiene todos los servicios de una habitación de un hotel de 5 estrellas.
Carlos Alexio presume de su amistad con gobernadores, funcionarios de este gobierno de Puebla, además de federales, como el mismo secretario de Gobernación federal.
Muchos de los internos han escuchado que es dueño de agencias automotrices y ranchos, pero sigue aún preso por una cantidad que, con tantas riquezas, bien podría pagar.
Moisés le creyó cuando Carlos Alexio le dijo que lo iba a ayudar con su problema, que él conocía al que en ese entonces era procurador general de la república, Jorge Murillo Karam, lo mismo que al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que le iba a conseguir una audiencia con cada uno de ellos, pero que tenían un costo de 400 mil pesos y entonces su familia consiguió el dinero y se lo entregó.
El dinero fue entregado a un oficial de seguridad y custodia del penal de nombre Fidel, quien es uno de los “consentidos” de las autoridades, porque siempre lo tienen en Estancia de Ingresos, uno de los lugares del Cereso donde hay más corrupción.
Pero las audiencias nunca ocurrieron.
Moisés entonces acudió ante Adalberto Velazco Reyes, con el cargo de coordinador de seguridad y custodia, éste le dijo que iba a pedirle a Carlos que le devolviera su dinero.
Cuando regresó a su dormitorio Carlos Alexio le grito que “por qué andaba de puto”, que no le iba a hacer nada, “se la iba a pelar”, porque de los 400 mil pesos le había dado 100 mil al comandante Marco Antonio Galván Ramírez, quien es el subdirector de seguridad y custodia.
Al día siguiente Moisés fue llamado por el comandante Adalberto, éste le grito que “era un pendejo”, que ya había hablado con Alexio y con “Bravo”, nombre clave del subdirector Galván Ramírez y que mejor “no la hiciera de pedo”, porque le iban a abrir un proceso por cohecho, por haber dado dinero para corromper al secretario de Gobernación y al procurador federal.
Cuando estaban en esa misma entrevista llegó Rafael Carvajal Paz, quien es el director del Cereso, y le dijo que ya había hablado con la directora general, Azucena Jazmín Márquez, y que ella había dado la instrucción de mandarlo al dormitorio L, por dar dinero para corromper a funcionarios federales, pero que si se comprometía a “no hacerla de pedo”, ellos se brincaban la orden y todos en paz.
Estos hechos ocurrieron en el mes de junio.
Tras la estafa, el abogado de Moisés acudió en forma directa a la Secretaría de Gobernación federal, donde le dijeron que en ese lugar no se cobraban las audiencias, que no podían ayudarlo en la revisión de su proceso, porque éste era del Fuero Común, y le recomendaron que denunciara a quienes lo defraudaron, y así ocurrió.
Es otro de los expedientes que tiene la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que por alguna razón no le dan trámite.
Pero la denuncia también alcanza a los supervisores: Fredy, Fragoso, Aaron Espinal, “Charmin”, quienes amenazaron a la familia de Moisés para que se desista de la denuncia.
¿Qué más puede o debe ocurrir para que este gobierno decida intervenir y frenar toda esta escalada de abusos?
¿Es necesario un motín?
Corrupción en el Ciepa
Elementos de Seguridad y Custodia adscritos al Ciepa (Centro Especializado de Entrenamiento Para Adolescentes del Estado de Puebla) son víctimas de abusos y de extorsiones por parte del jefe de seguridad, Jorge Luis Gutiérrez, quien decidió cobrarles diversas sumas de dinero para todo, hasta para ir al baño.
Ninguno de los elementos de seguridad puede ir a su trabajo y llevar sus alimentos si antes no lo autoriza “el jefe”, quien antes fue subdirector del Cereso de Ciudad Serdán y quien se trajo a tres de sus cómplices: los jefes de grupo Carlos Trujillo, Sergio Jurado y Valentín Portillo, quienes son los encargados de consumar las extorsiones al personal.
En días pasados ocurrió un curso para internos del Ciepa, entonces ordenó que los custodios se quedaran más de las 24 horas que tienen asignadas, pero si les dijo que quien quisiera “saltarse” esa orden tendría que pagar 200 pesos, dinero que los custodios no tienen por tener un salario que apenas sirve para mantener a su familia.
De todos estos abusos está enterada la directora del Ciepa, Dolores Caraza, lo mismo que el subdirector Daniel Soto, pero ninguno de estos dice nada.
Pero no le extrañe al lector lo que ocurren en este centro de atención a menores, si quien es la jefe directa de todos estos abusivos es la directora de Ceresos, Yazmín Márquez Rodríguez, quien enfrenta una denuncia penal por trata de personas con fines de explotación sexual, lo mismo que los directivos del Cereso de San Miguel.
Toda una “bonita familia”.
Nos vemos cuando nos veamos.
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