Reos tienen control de penales en Puebla
2013-11-19 | Durante 2012, autoridades penitenciarias perdieron o cedieron parte del control de cinco cárceles a los internos, por lo que la cifra de penales en su poder pasó de 60 a 65 e sólo un año, según reveló hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012 , la Comisión informó que los nuevos penales estatales en los que ahora se presenta el fenómeno de autogobierno
o cogobierno son el Centro de Readaptación Social de Ciudad del Carmen, Campeche; Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, DF; Centro de readaptación Social Tulancingo, Hidalgo; Centro de Readaptación Social Regional Santiago Ixcuintla, Nayarit; Centro Social Tehuacán, Puebla, y el Centro de Readaptación Social de San José “El Alto”, Queretaro.
En muchos de los 65 penales en los que se observó autogobierno o cogobierno los internos controlan aspectos como la seguridad, las actividades productivas, educativas y deportivas y servicios de alimentación, limpieza, mantenimiento y uso de los teléfonos públicos.
De acuerdo con el documento publicado hoy por la CNDH, el promedio nacional de gobernabilidad en penales estatales fue de 5.68, con un total de 18 estados con promedios por debajo de los seis puntos. El año anterior, la calificación promedio del país fue de 6.41, por lo que el país retrocede 0.73 puntos en su calificación global.
En Puebla los centros penales estatales de San Miguel y de Tehuacán son ingobernables, según diagnosticó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al tener reos que controlan a la población penitenciaria, carecen de personal de seguridad, existen objetos y sustancias prohibidas, además de que hay, entre otras deficiencias y abusos, privilegios hacia algunos internos.La CNDH también reveló que entre los obstáculos que enfrentó su personal durante su visita a los centros penitenciarios está la imposibilidad de recorrer y examinar las cárceles en su totalidad , porque se argumentó que las llaves de los candados de algunas áreas estaban en manos de los internos, además de que algunas celdas estaban cubiertas con cartones o cobijas para impedir la visibilidad.
El organismo nacional insiste en que un centro penitenciario en el que la autoridad no tiene el mando y control legítimo de la administración, orden y disciplina, para su buen gobierno interior, difícilmente podrá operar en condiciones apropiadas de seguridad y atención para los internos, que permitan alcanzar el logro de los objetivos de la reinserción.
A su vez, éstos se subdividen en temas, indicadores y subindicadores que se califican en una escala del 0 al 10 y representan las condiciones mínimas que deben existir en un centro, con base en la Constitución, leyes secundarias y los tratados y documentos internacionales.
Los Ceresos de Tehuacán y Puebla fueron reprobados con la calificación de 5 en el rubro de condiciones de gobernabilidad, mientras que en los otros aspectos tuvieron un diagnóstico aprobatorio pero bajo, en comparación con el reclusorio de Tepexi que tuvo un promedio de más de 8 en casi todas las categorías.
Aun con estas carencias, los tres centros de Puebla obtuvieron una calificación promedio de 6.47 unidades, lo que ubicó a la entidad entre los primeros 10 lugares a nivel nacional.
San Miguel
El estudio revela que, en el rubro de condiciones de gobernabilidad, la CNDH detectó que en esta prisión las autoridades son ineficientes, pues existe control por parte de los internos en seguridad, uso de teléfonos e imposición de cuotas, así como presencia de cobros por parte de los custodios, existencia de áreas de privilegios e introducción de objetos y sustancias prohibidas.
Además, hay internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población, a lo que se suma la insuficiencia del personal de seguridad y custodia, la falta de manual de procedimientos para motín y uso de la fuerza, entre otros, y las irregularidades en el proceso de la imposición de sanciones disciplinarias.
En los otros rubros, el documento destaca que también hay deficiencias en las acciones para atender incidentes violentos, además de los problemas de sobrepoblación, carencias en las instalaciones y servicios, y deficiencias en los programas para la reinserción social de los internos.
Tehuacán
Esta prisión fue la peor evaluada, pues no aprobó ninguna de las categorías.
En condiciones de gobernabilidad, fue calificada con 5.07; en aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, 5.7; en aspectos que garantizan una estancia digna, 5.03; reinserción social del interno, 5.43; y grupos de internos con requerimientos específicos, 5.62.
Al igual que en el Cereso de San Miguel, existe control de los internos sobre el resto de la población, hay presencia de objetos y sustancias prohibidas, falta personal de seguridad y custodia, y hay deficiencias en el ejercicio de funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del penal.
Resaltan, sobre todo, las deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias, pues el organismo detectó que no se respeta el derecho de audiencia, se aplican sanciones no previstas en el reglamento, hay falta de motivación y fundamentación de las resoluciones que imponen la sanción, los internos son ubicados en el área de sancionados antes de la determinación, se les da trato indigno y otros abusos más.
Tepexi
En el diagnóstico, la prisión de Tepexi mereció una calificación de 8.5 en el rubro de condiciones de gobernabilidad; en aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, 8.05; en aspectos que garantizan una estancia digna, 8.84; en reinserción social del interno, 8.57; y grupos de internos con requerimientos específicos, 7.33.
Según el estudio, en el Cereso de Tepexi no existe ingobernabilidad ni circulación de objetos y sustancias prohibidas. En ese rubro, sólo se detectaron dos anomalías: la falta de manual de procedimientos para traslado de internos y uso de la fuerza, así como deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias.
La aplicación del DNSP se realiza a través de visitas y recorridos de supervisión, donde se realiza la aplicación de entrevistas y encuestas a los funcionarios de las prisiones, a los custodios y a los propios internos, a fin de revisar el respeto de los derechos humanos en los centros.
El autogobierno, una endemia nacional
La CNDH expuso que en 2012, las autoridades penitenciarias perdieron o cedieron parte del control de cinco cárceles del país, por lo que llegó a 65 el número de cárceles en poder de los internos.
En la lista nacional, aparecen bajo estas condiciones el Cereso de Puebla y el de Tehuacán.
El organismo documentó que en los reclusorios se observa que los internos controlan áreas de seguridad, actividades productivas, educativas y deportivas, servicios de alimentación, limpieza, mantenimiento y uso de los teléfonos públicos.
Tamaulipas es el estado con menor nivel de gobernabilidad en centros penitenciarios, según lo expone la CNDH, con un promedio de 3.65, seguido de Nuevo León con 3.80, Sinaloa con 3.97, Zacatecas con 4.27 y Oaxaca con 4.28 unidades.
El promedio nacional de gobernabilidad es de 5.68, con un total de 18 estados con promedios por debajo de los seis puntos.
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