Desalojaron el canal 32

Intento de desalojo al Canal 32 deja 3 heridos
Llegan simpatizantes de la CIEDH para defender la televisora
Edmundo Velázquez/La quinta columna /Foto: Golfo centro

Por una serie de rentas vencidas el Juzgado Primero de lo Civil liberó una orden de desalojo contra la televisora. Tras una trifulca el Poder Judicial se retractó, desistieron del lanzamiento y la diligencia se programará una vez más

Con violencia y bombas de gas lacrimógeno, la Policía Estatal Preventiva intentó desalojar ayer las oficinas del Canal 32 ubicadas en la prolongación de la 27 poniente, pero tras presentar una orden del Tribunal Superior de Justicia, se desistió del lanzamiento.

Alrededor de la una de la tarde la televisora iba ser lanzada por falta de pago a la propietaria del edificio marcado con el número 2702, hasta que miembros de la Comisión Interamericana para el Estudio de los Derechos Humanos (CIEDH) llegaron a impedirlo.

Los simpatizantes de la CIEDH —que dijeron ser trabajadores de aseo del canal de televisión— intentaron entrar a las oficinas y resultaron heridos en el enfrentamiento con los policías estatales. Aprovechando que en unos de los extremos de los barandales a la entrada del canal se encontraban pocos uniformados, en su mayoría mujeres, a la fuerza quisieron cruzar el cerco humano. Tras este primer intentó el grupo de choque replegó a los adheridos a la CIEDH con una primera descarga de gas lacrimógeno a través de varias bombas. En la trifulca Enrique Guevara Gallegos, José Ezequiel Tovar y Adrián Quechol Pani resultaron heridos.

El desalojo

Alrededor de las 10:45 de la mañana los miembros de la PEP llegaron en las unidades número 256, 474, 437, 457 y 556. Cada camioneta trasportaba por lo menos diez uniformados. Entraron a empujones a las instalaciones y a las once de la mañana comenzaron a desconectar equipo y a sacar con lujo de violencia a trabajadores, reporteros y directivos. En las instalaciones del que antes era conocido como el Internacional Channel News, aún se encontraban transmitiendo cuando comenzó el desalojo.

Al hacer efectiva la orden de lanzamiento los policías rompieron muros que dividían las secciones de edición y los pasillos del canal, mientras cargadores de mudanza comenzaron a desmantelar el equipo de transmisión. En un comienzo todo era confusión para los trabajadores. Óscar Durán, visitador de la CIEDH, aseguró que se encontraban en el lugar debido a que también cuentan con una oficina de representación en el edificio, y que pertenencias de la organización no gubernamental se encontraban al interior del edificio.

Al lugar también había llegado la propietaria del edificio acompañada de la diligenciaria del juzgado primero de lo civil. La representante legal de la dueña, quien no se identificó ante los medios de comunicación, llegó a reclamar el inmueble a la empresa Operaciones Globales, responsable del contrato. Debido a que no se habían pagado varios meses de renta, se había procedido en un juicio arrendatario. Pero la diligenciaria del juzgado civil encontró que Canal 32 era la que se encontraba en el inmueble rentado por Operaciones Globales.

Tras una orden del juzgado primero de lo civil fue que los camiones de mudanza y la policía llegaron al lugar donde, según los propios cargadores, ya los esperaban los simpatizantes de la organización no gubernamental.

Una segunda descarga de gas

Luego del primer choque entre los simpatizantes de la CIEDH y la policía, una ambulancia del Servicio de Emergencias 066 llegó para atender a los tres heridos. Se instaló a un costado del edificio, sobre la calle 47 Sur.

La mayoría de las lesiones consistían en contusiones, golpes al rostro y rasguños. Los heridos sangraban de la cara y manos. Sus ropas fueron rotas en la trifulca, y mientras los paramédicos limpiaban sus heridas, uno de los simpatizantes de la CIEDH aventó una pedrada más a los miembros de la estatal que se encontraban resguardando una de las esquinas del edificio.
Inmediatamente, en respuesta, una bomba de gas lacrimógeno fue lanzada por los granaderos, no importando la presencia de los paramédicos. A unos metros de los heridos y de los agentes del 066, reporteros gráficos y otros miembros de la prensa, cayó la segunda descarga de gas. Después de la agresión los paramédicos decidieron abandonar el lugar ya que habían atendido a los heridos.

Mientras tanto, la confusión del lío legal no era aclarada por los trabajadores del Canal 32. Rafael Valerio, reportero de la televisora, aseguró que la orden de desalojo era ilegal, y no se encontraba bien fundamentada, por lo que esperaban la llegada de una orden del Tribunal Superior de Justicia para que la policía dejara el edificio, devolvieran el equipo y reiniciaran transmisiones.

Alejandra Rodríguez Castillo, quien se dijo encargada del canal, aseguró que no podía revelar el nombre del propietario porque la televisora es dirigida por un bufete de abogados.
—¿Su cargo en el canal es…?
—Soy la encargada del dueño…
—¿Y quién es el dueño?
—Abogado, así le decimos. Abogado, sólo así le decimos —mencionó Alejandra Rodríguez al preguntársele por el responsable o director del canal. La empleada aseguró también haber sido víctima de golpes y maltratos de la Policía Estatal.
Alrededor de las dos y media de la tarde llegó la notificación que daba por disuelta la orden de desalojo del Juzgado Primero Civil.

La diligenciaria del Juzgado Primero Civil y la propietaria del inmueble salieron escoltadas por uniformados. A regañadientes la trabajadora del Poder Judicial dijo llamarse Xóchitl Rodríguez.
La dueña del edificio explicó parcamente que se trataba de un juicio arrendatario por la falta de pago en las rentas. Cuando se le pidió su nombre se negó a darlo y continuó caminando hacia el lugar en que había estacionado una camioneta Nissan color blanco, vehículo que también abordó la diligenciaria.
Cuando la Policía Estatal abandonó las oficinas, pudo verse el caos en que quedaron convertidas las instalaciones. Los empleados comenzaron a hacer recuento de objetos rotos y faltantes así como de muros destrozados.
Revisaron las luces y cámaras, objetos que fueron encontrados sin percances, pero la recepción, los sets de grabación y la zona de edición quedaron destrozados por el paso de los uniformados.

Alejandra Rodríguez Castillo comentó que por los destrozos el canal analizará una contrademanda, pero no confirmó acciones legales inmediatas.

Tribunal versus CIEDH
Cabe decir que al propietario del Canal 32 se le relaciona con la Comisión Interamericana para el Estudio de Derechos Humanos. Años atrás la CIEDH incluso organizó un evento para la entrega de reconocimientos a distinguidos abogados. En pleno escándalo por la detención y traslado de Lydia Cacho la CIEDH entregó distintivos a Guillermo Pacheco Pulido, presidente del Tribunal y al juez penal de Cholula, Enrique Romero Razo.

Pero recientemente la CIEDH inició la construcción de oficinas al interior del predio de los juzgados de Cholula, por lo que la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández comenzó un procedimiento a través del pleno del Tribunal Superior de Justicia para proceder contra la organización.
En respuesta la CIEDH incluyó a la magistrada en sus denuncias por corrupción, que también había hecho contra tres jueces e incluso publicó un desplegado más donde apoyaba a colonos de Cholula.
“No creo que sea en represalia porque hemos tenido el valor de denunciar la corrupción del Tribunal, espero que el desalojo no se haga por eso”, comentó Óscar Durán, visitador de la CIEDH.

El integrante de la ONG aseguró que en breve darán respuesta a los dichos de la magistrada María de los Ángeles Juárez.

Lanzamiento del Canal 32 fue legal: Juez Primero Civil
El desalojo fue notificado desde el 27 de agosto de 2007
Edmundo Velázquez/La quinta columna

Según el proceso 182/2007, expediente correspondiente al juicio de desocupación por rescisión de contrato de arrendamiento, las propietarias del edificio número 2702 de la calle 27 Poniente, Magdalena Morales Gómez y Ana Paola Suárez Gómez, habían demandado a Grupo de Operaciones Globales SA de CV y al señor Sergio Toxcani Ávila, su representante, por falta de pago

El juez primero de lo civil Miguel Sánchez Zavaleta, quien ordenó el desalojo del edificio donde tiene su sede el Canal 32, aseguró que la diligencia fue notificada desde el 27 de agosto de 2007, por lo que el lanzamiento de la empresa Grupo de Operaciones Globales SA de CV, corporativo que rentó el inmueble, es totalmente legal.

En entrevista vía telefónica, el juez explicó que según el proceso 182/2007, expediente correspondiente al juicio de desocupación por rescisión de contrato de arrendamiento, las propietarias del edificio número 2702 de la calle 27 Poniente, Magdalena Morales Gómez y Ana Paola Suárez Gómez, habían demandado a Grupo de Operaciones Globales SA de CV y al señor Sergio Toxcani Ávila, su representante, por falta de pago.

“Ese procedimiento inició el 15 de julio del año en curso, se dictó la sentencia definitiva y se condenó a los demandados a la desocupación de la planta baja y del mezanine de la casa 2702, y el 27 de agosto se requirió a los demandados para que devolvieran el inmueble con la aclaración de que si no lo hacían harían uso de la fuerza pública”, mencionó el juez primero de lo civil.

El togado mencionó que la diligencia tuvo que suspenderse porque las condiciones no lo permitieron y porque se puso en riesgo la persona de la diligenciaria, representante del Poder Judicial en estos caso. “Hubo alteración al orden público y agresiones contra la fuerza pública (…) por esto tuvo que detenerse la diligencia”, agregó Miguel Sánchez Zavaleta.

De acuerdo al expediente, el juicio arrendatario no pesa en contra del Canal 32, porque la empresa que esperaba ser encontrada en el inmueble era Grupo de Operaciones Globales, hecho que extrañó a las autoridades.

Sobre ello ahonda el juez Sánchez Zavaleta:
“Obviamente dentro del expediente no consta que Canal 32, otra persona u otras personas, estén ocupando ese inmueble. Eso se vino a ver hasta que se practicó la diligencia. El juicio no está contra Canal 32, está contra Operaciones Globales. Esa es la empresa demandada y en contra de ella se declaró el lanzamiento. Al momento de ejecutar se encuentra a otra empresa en el inmueble. Pero resultó que quien estaba en posesión es una persona moral distinta”.

De acuerdo a lo mencionado por el juez, aún es necesario que la empresa que rentó el inmueble pague las rentas vencidas. Ya cuando se pretenda pagar las rentas habrá una liquidación y en ese momento se dará a conocer el monto total de la deuda.
Cabe decir que desde el 3 de septiembre se iba a llevar a cabo el desalojo de las instalaciones, y ahora, debido a la violencia que se dio en el lanzamiento, se hará hasta que las propietarias del inmueble pidan que se ejecute nuevamente la diligencia.


Embargo, ¿con violencia?
Policías estatales que cumplían un embargo en el Canal 32 de Televisión por Cable e Internet, lanzaron gases lacrimógenos para reprimir a una persona que lanzó una piedra en su contra.
Poblanerias/Foto: Golfo centro

Policías estatales que cumplían un embargo en el Canal 32 de Televisión por Cable e Internet, lanzaron gases lacrimógenos para reprimir a una persona que lanzó una piedra en su contra.

La televisora mandó un comunicado en el que precisaba que la primera agresión provino por parte de los policías y gente encubierta.

Según versiones de testigos, dos personas, aparentemente miembros del canal de televisión, intentaron entrar a las instalaciones después del embargo, por lo cual lo policías les detuvieron y se generó el enfrentamiento.

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